Ya no importa si la infanta va a juicio o no

El ministerio fiscal tiene ante sí todo un papelón al oponerse al dictamen del juez contra la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos, y también la abogacía del Estado, al haber confirmado ayer mismo también su oposición. Parece que no han medido muy bien sus actos en un movimiento nada habitual (no es nada corriente que la fiscalía se oponga a la imputación de una persona, lo que evidencia bastante claramente hasta qué punto la influencia mediática influye -y corrompe en éste caso, al salirse de lo habitual- las decisiones de los fiscales).

El problema no es que se recurra o no, el problema (si lo hay) es que ya está imputada. Ahora, si la Audiencia Provincial balear decide fallar a favor de la fiscalía y declarar la imputación improcedente, de cara a la sociedad estará bastante claro que la justicia no es independiente, y que una labor extraordinaria y fuera de lo común -que es el actuar de la fiscalía y de la abogacía del Estado contra una decisión judicial que, de no ser la infanta quien es, no habrían intervenido- ha conseguido mermar la supuesta igualdad de todos ante la justicia, dejando claramente ver que hay doble vara de medir.


Ahora bien, si el proceso sigue adelante y el alto tribunal balear no lo impide, veremos en el banquillo de los acusados a una de las herederas de la corona de España. Lo que supondría, sin lugar a dudas, ser apartada de la línea sucesoria.

Pero lo cierto es que desde que saltó este caso, Cristina ya está marcada, lo quiera o no, y eso ningún fiscal ya lo podrá impedir, por lo que no se entiende muy bien a qué responden sus movimientos, tan extraordinarios.

Mientras, de uno y otro lado de las instituciones se insiste en que ser imputado no es "nada grave ni deshonroso", sino que es solamente una forma legal para que los implicados en una causa puedan personarse en ella y así proteger mejor sus derechos. Todo eso está muy bien, pero si no es nada grave, síno todo lo contrario: un favor -como algunos abogados lo han vendido- que se le hace al encausado, entonces no llegamos a entender el por qué la fiscalía y abogacía del Estado se oponen a ello. A no ser que sea porque hasta ellos van en contra de la infanta Cristina.

| Luis González